Después de 33 años de espera, el “Gobierno del Cambio” dio un paso decisivo para la reglamentación integral de la Ley 70 de 1993, fundamental para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país.
La vicepresidenta Francia Márquez, en un acto cargado de simbolismo y memoria, entregó oficialmente al ministro del Interior, Armando Benetti, el proyecto de decreto que permitirá, por primera vez, activar el proceso de Consulta Previa con estas comunidades. Este mecanismo es clave para garantizar su participación y consentimiento sobre las normas que afectarán directamente sus derechos territoriales, culturales y económicos.
La entrega de este proyecto de decreto resonó con un profundo significado personal y colectivo. Francia Márquez regresó al Ministerio del Interior, el mismo lugar donde, 11 años atrás, se encadenó junto a otras mujeres del norte del Cauca para exigir el cumplimiento de sus derechos. Esta vez, lo hizo como Vicepresidenta de la República, cumpliendo un “sueño colectivo de dignidad, reconocimiento y justicia”.
Promulgada en 1993, la Ley 70 reconoce y garantiza la propiedad colectiva de las tierras, fomenta el desarrollo cultural, social y económico, y protege la identidad de los pueblos afrodescendientes. Sin embargo, la falta de una reglamentación integral había impedido su plena aplicación durante más de tres décadas.
Con este paso, la Ley 70 se transforma de una “letra dormida” en una herramienta viva que busca fortalecer la identidad cultural, territorial y económica. Es, en palabras de la Vicepresidenta, “más que un decreto: es una deuda que empieza a saldarse” con las comunidades que han resistido y luchado históricamente por el reconocimiento de su etnicidad y territorio.
Este avance se suma a otros esfuerzos del Gobierno por reglamentar capítulos específicos de la Ley, como el relacionado con la minería ancestral (Capítulo V, reglamentado en 2023).
El proceso de Consulta Previa que se inicia ahora será crucial para construir de forma concertada el marco normativo final, asegurando que la reglamentación refleje las necesidades y visiones de las comunidades que la Ley busca proteger. La expectativa es que este hito marque una nueva era de justicia y equidad para el pueblo afrodescendiente en Colombia.
