La crisis administrativa en la Gobernación del Chocó ha alcanzado un punto crítico. Al menos ocho procesos judiciales activos mantienen bloqueados cerca de 15.000 millones de pesos del erario, una situación que ha paralizado el pago de nóminas, primas y compromisos laborales básicos, afectando principalmente al sector educativo.
Lo que resulta insólito en este escenario es el origen de las demandas. No se trata de imprevistos, sino de procesos ejecutivos promovidos, en su mayoría, por entidades del propio Estado. Entre los demandantes que han logrado el embargo de las cuentas se encuentran:
El Ministerio de Educación Nacional.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales.
El Instituto Nacional de Cancerología.
Esta dinámica, donde el Estado se demanda a sí mismo y gana, evidencia años de omisiones administrativas y desorden fiscal. Mientras los expedientes judiciales identifican plenamente a los apoderados y las causas, la Gobernación ha optado por el silencio o la emisión de comunicados genéricos que no ofrecen soluciones de fondo.
Más allá de las cifras y los términos jurídicos, el impacto social es devastador. La parálisis financiera dejado a familias enteras sin ingresos en plena temporada decembrina. Los docentes, pilares de la formación en el departamento, enfrentan el impago de sus salarios y prestaciones, acumulando deudas personales y servicios públicos básicos.
La consecuencia más grave recae sobre la niñez: se estima que más de 104 mil estudiantes permanecen en casa sin recibir clases, viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación por una crisis que les es ajen; l entre tanto los docentes permanecen en paro indefinido y a la fecha, ya son 9 dias que han transcurrido de haberse iniciado las actividades académicas del año lectivo 2026 y no se vislumbra solución alguna.
El viejo aforismo “el que paga no firma, y el que firma no paga” resuena hoy más que nunca en los pasillos de la administración departamental. La opinión pública y los sectores afectados exigen respuestas claras que la administración aún no entrega:
¿Por qué se permitió que los procesos llegaran a la instancia de embargo sin conciliaciones previas?
¿Quiénes son los responsables internos que omitieron los pagos originales?
¿Cuál es la ruta exacta y el cronograma para normalizar la nómina?
¿Dónde estaba y que hizo la oficina jurídica de la gobernación para evitar tremendo descalabro con los recursos del sector educativo?
¿Tiene que ver este embargo con favorecimiento a situaciones políticas del momento?
Expertos y líderes gremiales coinciden en que esta situación es el resultado de una pésima gestión fiscal acumulada durante las últimas administraciones departamentales, quienes no priorizaron el saneamiento de las acreencias hoy ejecutadas por los jueces laborales y administrativos de Quibdó.
Al paso que vamos estamos volviendo al pasado, y nadie puede descartar una posible nueva intervención al sector educativo del Chocó.
