En un duro pronunciamiento dirigido al presidente Abelardo de la Espriella, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó calificó de “insuficientes” los anuncios del denominado “Plan Marshall” para el departamento. La organización cívica advirtió que la región no puede seguir viviendo de promesas ni de visitas presidenciales que no se traducen en soluciones concretas frente al histórico abandono estatal, ahora agudizado por los estragos del terremoto del pasado 10 de agosto.
A través de un manifiesto firmado por sus voceros, la dirigencia social cuestionó el incipiente avance del Acuerdo por la Gobernanza del Chocó pactado hace una década y le exigió al Gobierno Nacional trascender los anuncios mediáticos mediante la implementación de un plan de transformación estructural.
Entre las 21 exigencias prioritarias presentadas al mandatario destacan:
- Financiación garantizada: La creación de un Fondo Especial para el Desarrollo del Chocó alimentado por un porcentaje del PIB, cooperación internacional, regalías y bonos ambientales.
- Infraestructura inconclusa: Asignación presupuestal definitiva para la vía al mar Ánimas-Nuquí (estimada en $5 billones), la culminación de los corredores viales Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira y Quibdó-Cali, así como la terminación de 14 vías terciarias.
- Navegabilidad y Conectividad: Dragado permanente de las arterias fluviales (Atrato, San Juan y Baudó), la construcción de los muelles de Riosucio y Quibdó y la regulación de las elevadas tarifas del transporte aéreo.
- Salud y Educación: Saneamiento financiero del sector salud, puesta en marcha de un hospital de tercer nivel, modernización de la infraestructura educativa y la formalización de la Universidad Tecnológica del Chocó como institución interétnica e intercultural.
- Autonomía y Servicios: Reactivación de la Comisión Intersectorial, tarifas equitativas en servicios públicos y la inclusión de los municipios chocoanos en el Plan Fronteras para acceder a subsidios en combustibles.
“El Chocó no pide privilegios: reclama justicia territorial”, señala el documento suscrito por la coordinación del Comité. La comunidad exige al Gobierno Nacional pasar de los compromisos en papel a un esquema con cronogramas estrictos, responsables institucionales y veeduría pública que garantice que la riqueza natural del departamento se traduzca finalmente en dignidad para sus habitantes.
