La Defensoría del Pueblo fijó su posición frente al anuncio del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella sobre la creación de un protocolo para regular la actuación de la Fuerza Pública en las universidades. La entidad precisó que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, los debates académicos y las expresiones de disenso no son motivos que justifiquen el ingreso de la Policía a los campus.
El organismo señaló que el artículo 69 de la Constitución ampara la autonomía universitaria para proteger la autorregulación y la libertad académica. Aunque aclaró que esta figura no significa extraterritorialidad ni excluye a los claustros de la ley, indicó que la entrada de uniformados debe ser excepcional.
En el comunicado, la Defensoría explicó que la intervención policial solo procede ante hechos concretos, como delitos en flagrancia —caso en el que no se requiere permiso previo de las directivas— o alteraciones graves del orden público. Sin embargo, remarcó que la flagrancia no autoriza actuaciones ilimitadas y que cualquier procedimiento debe regirse bajo principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
Por último, la entidad pidió no equiparar la protesta social con hechos delictivos. Añadió que, si se presentan actos violentos, la respuesta debe dirigirse contra los responsables individuales y no contra el conjunto de la comunidad estudiantil o docente, priorizando el diálogo antes del uso de la fuerza.
